TRABAJO MONOGRAFICO GRUPAL

Reconocimiento y validez legal de las firmas digitales en el Perú Situación actual de la legislación peruana En el Perú, el uso de firmas digitales está bien regulado y se ha convertido en una herramienta clave para trámites tanto en el sector público como privado. La normativa principal es la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, publicada el 28 de mayo de 2000. Esta ley establece que una firma digital tiene el mismo valor legal que una firma manuscrita, siempre que cumpla con ciertos requisitos técnicos. Más adelante, la Ley Nº 27310 de julio de 2000 reforzó esta norma, asegurando que los documentos electrónicos sean auténticos, seguros y confiables. A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, no hay cambios importantes en esta ley, pero en mayo de 2024 se extendió el plazo para implementar algunos aspectos relacionados con certificados digitales, según lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público. Esto demuestra que la normativa sigue vigente y se adapta a las necesidades actuales. Normas y funcionamiento El Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM detalla cómo se aplican las firmas digitales en la práctica. Este reglamento creó la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), que define estándares de seguridad para garantizar confianza en los documentos digitales. Existen tres tipos de firmas electrónicas reconocidas: ● Firma electrónica simple: La más básica, útil para trámites sencillos. ● Firma electrónica avanzada: Más segura, pero quien la usa debe probar su validez. ● Firma digital: La más robusta, respaldada por certificados emitidos por entidades acreditadas. Se presume válida a menos que se demuestre lo contrario. El gobierno ha impulsado la Plataforma Nacional de Firma Digital (FIRMA PERÚ), gestionada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Esta plataforma permite firmar y verificar documentos electrónicos en trámites oficiales, como se ve en normativas recientes, como la Directiva Nº 005-2025-MDE, que regula su uso en municipalidades. Documentos oficiales de 2025, como la Resolución Jefatural Nº 000058-2025-JF-ONP o la Resolución Directoral Nº 120, muestran que las firmas digitales se usan activamente en el sector público, garantizando la seguridad y autenticidad de los documentos. Quiénes participan y cómo se supervisa Las Entidades de Certificación (EC) emiten los certificados digitales y deben estar acreditadas por la PCM, siguiendo estándares internacionales como WebTrust. Las Entidades de Registro o Verificación (ERV) confirman la identidad de las personas que solicitan certificados. Además, existen Prestadores de Servicios de Valor Añadido que ofrecen soluciones como firmas remotas. El RENIEC también juega un papel importante al emitir certificados digitales vinculados al DNI electrónico. La PCM supervisa todo el sistema y promueve acuerdos internacionales para que las firmas digitales peruanas sean reconocidas en otros países. Validez legal y uso práctico Las firmas digitales, especialmente las emitidas bajo la IOFE, son totalmente válidas en el Perú y equivalen a una firma manuscrita. Son aceptadas en juicios y trámites administrativos, y se presume que son auténticas y no alteradas, salvo que alguien demuestre lo contrario, según el Código Civil. Los certificados digitales de otros países también son válidos si hay acuerdos internacionales. En la práctica, las firmas digitales se usan en notificaciones electrónicas, como en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (diciembre 2024), y en servicios privados como ZapSign, que ofrece firmas electrónicas avanzadas compatibles con la ley. Cómo se usan las firmas digitales en contratos civiles, comerciales e inmobiliarios en el Perú En el Perú, las firmas digitales se han convertido en una herramienta esencial para cerrar acuerdos de manera rápida y segura, tanto en la vida cotidiana como en el mundo de los negocios. Con un marco legal claro, estas firmas son válidas para contratos civiles, comerciales y, en ciertos casos, inmobiliarios. A continuación, se explica cómo funcionan en estos ámbitos, con base en las normas vigentes al 9 de septiembre de 2025. Qué dice la ley La base legal es la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, publicada en el año 2000, que equipara las firmas digitales a las firmas manuscritas, siempre que cumplan con estándares de seguridad. El Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM detalla cómo usarlas y establece la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), que garantiza que los documentos sean seguros y confiables. Según el Código Civil (artículo 141), cualquier contrato que no requiera una forma específica puede usar firma digital, lo que abre la puerta a su uso en muchos casos. Firmas digitales en contratos civiles En contratos civiles, como los de compraventa de objetos, préstamos o alquileres, las firmas digitales son una opción práctica y válida. Por ejemplo: ● Si alguien alquila un departamento, puede firmar el contrato digitalmente usando plataformas como FIRMA PERÚ o servicios privados como ZapSign, asegurando que el documento es auténtico y no ha sido alterado. ● Acuerdos como contratos de servicios o compromisos de confidencialidad también se benefician de esta tecnología, ya que la firma digital confirma quién lo firmó y protege el contenido. La gran ventaja es que las partes pueden firmar desde cualquier lugar, sin necesidad de reunirse. El Código Civil (artículo 1374) reconoce que el consentimiento puede darse electrónicamente, y la firma digital cumple con ese requisito al verificar la identidad de quien firma. Firmas digitales en contratos comerciales En el mundo de los negocios, las firmas digitales son un aliado clave para contratos de compraventa, distribución o franquicias, regulados por el Código Civil y el Código de Comercio. Estos documentos, firmados digitalmente, son válidos en disputas legales, y se presume que son auténticos a menos que se demuestre lo contrario. Por ejemplo: ● Empresas que venden productos en línea usan firmas digitales para cerrar acuerdos con proveedores o clientes, ahorrando tiempo y dinero. ● En contratos con el Estado, como licitaciones, la Plataforma Nacional de Firma Digital (FIRMA PERÚ) es común, garantizando que todo cumpla con la normativa. Normas recientes, como la Resolución Directoral Nº 120 de mayo de 2025, muestran que las firmas digitales son habituales en contratos administrativos, y muchas empresas privadas las adoptan para agilizar sus operaciones. Servicios como los de proveedores acreditados, que siguen estándares internacionales como WebTrust, son populares en acuerdos entre empresas. Firmas digitales en contratos inmobiliarios En el sector inmobiliario, las cosas son un poco más complicadas por los requisitos legales. El Código Civil (artículo 1559) exige que contratos como la compraventa de casas o departamentos se formalicen en escritura pública para inscribirse en los Registros Públicos, gestionados por SUNARP. Esto limita el uso directo de firmas digitales en estos casos, pero hay escenarios donde sí son útiles: ● Acuerdos previos: Documentos como promesas de compraventa o cartas de intención pueden firmarse digitalmente, ya que no necesitan escritura pública. Por ejemplo, un contrato para reservar un inmueble puede cerrarse con firma digital. ● Minutas electrónicas: Con el Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP), las minutas de compraventa pueden presentarse con firma digital a un notario, quien luego prepara la escritura pública, reduciendo tiempos. ● Alquileres: Los contratos de alquiler de casas o locales, que no requieren inscripción en SUNARP, se pueden firmar digitalmente sin problemas. En 2025, SUNARP ha impulsado la digitalización, y normativas como la Directiva Nº 005-2025-MDE promueven el uso de firmas digitales en documentos electrónicos. Sin embargo, para transferencias definitivas de propiedades, aún hace falta la intervención de un notario. Ventajas y retos Usar firmas digitales en contratos tiene muchos beneficios: ● Rapidez: Se pueden firmar documentos desde cualquier lugar, sin reuniones presenciales. ● Seguridad: Los certificados digitales aseguran que el documento no se modifique y que las partes sean quienes dicen ser. ● Ahorro: Reduce costos de papelería y traslados, además de ser más ecológico. Pero también hay desafíos: 1. En contratos inmobiliarios, la necesidad de escritura pública limita su uso en etapas finales. 2. Algunas personas aún desconocen cómo funcionan las firmas digitales, lo que puede generar desconfianza. 3. Es crucial usar certificados de entidades acreditadas por la PCM para que el documento sea válido. Retos para que los peruanos confíen en las firmas digitales y para mejorar su infraestructura tecnológica En el Perú, las firmas digitales son una herramienta práctica y segura para firmar documentos electrónicos, respaldadas por la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales de 2000 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM. Sin embargo, no todos las usan con confianza, y hay obstáculos técnicos que limitan su alcance. Aquí se explica, de forma sencilla y con un enfoque humano, cuáles son esos retos y cómo se ven en la vida real, con base en la situación al 9 de septiembre de 2025. Por qué a la gente le cuesta confiar en las firmas digitales Aunque las firmas digitales son legales y seguras, muchas personas en el Perú aún no se sienten cómodas usándolas. Hay varias razones para esto: ● No saben cómo funcionan: Para mucha gente, firmar en papel es más familiar y parece más confiable que usar una firma digital. Por ejemplo, alguien que quiere alquilar un local podría pensar que una firma en papel es “más oficial”, aunque la firma digital tenga el mismo valor legal. ● Miedo a que no sea seguro: A pesar de que las firmas digitales usan tecnología avanzada y cumplen estándares internacionales como WebTrust, las noticias sobre estafas en línea o hackeos hacen que la gente dude. Aunque los certificados digitales emitidos por entidades acreditadas por la PCM son muy seguros, la percepción de riesgo sigue siendo un obstáculo. ● Falta de educación digital: En zonas rurales o entre personas con poco acceso a la tecnología, es común que no sepan qué es una firma digital ni cómo obtenerla. Aunque el RENIEC ofrece certificados digitales con el DNI electrónico, muchos no tienen idea de cómo usarlos o para qué sirven. ● Parece complicado: Conseguir una firma digital implica registrarse en una Entidad de Certificación o usar plataformas como FIRMA PERÚ. Para alguien que no está acostumbrado a trámites en línea, esto puede sentirse como un rompecabezas. El gobierno ha intentado promover las firmas digitales a través de campañas, como las de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, y normativas recientes, como la Directiva Nº 005-2025-MDE, muestran que se usan más en trámites municipales. Pero todavía falta que la gente de a pie se sienta segura y entienda cómo usarlas. Qué problemas hay con la tecnología La infraestructura para las firmas digitales en el Perú ha mejorado, pero aún hay trabas que impiden que lleguen a todos: ● Internet que no llega a todos: En muchas zonas rurales, el acceso a internet es lento o inexistente. Sin una conexión estable, es casi imposible usar plataformas como FIRMA PERÚ o gestionar certificados digitales. Aunque el gobierno está trabajando en llevar internet a más lugares, aún hay comunidades desconectadas. ● Costos que desaniman: Obtener un certificado digital de una Entidad de Certificación acreditada puede costar dinero, lo que puede ser una barrera para pequeños negocios o personas comunes. Aunque el RENIEC ofrece opciones más accesibles con el DNI electrónico, no todos saben cómo aprovecharlas. ● Sistemas que no siempre encajan: Aunque la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) pone reglas claras, no todas las plataformas públicas y privadas funcionan bien juntas. Por ejemplo, un contrato firmado con un servicio privado como ZapSign podría no integrarse fácilmente con los sistemas de SUNARP sin pasos extra. ● Falta de capacitación: En muchas oficinas públicas, especialmente fuera de Lima, el personal no está bien preparado para usar o verificar firmas digitales. Esto se nota en documentos como la Resolución Jefatural Nº 000058-2025-JF-ONP (abril 2025), que pide estandarizar procesos electrónicos. ● Riesgos de seguridad: Aunque los certificados digitales son muy seguros, algunos sistemas de entidades públicas o privadas no están actualizados contra amenazas cibernéticas. Esto puede generar problemas, como se ha visto en casos de ataques a sistemas públicos, y refuerza la idea de que lo digital no es confiable. Qué se está haciendo y qué falta por hacer El gobierno ha dado pasos importantes para superar estos retos. La Plataforma Nacional de Firma Digital (FIRMA PERÚ) hace más fácil usar firmas digitales en trámites oficiales, y el Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP) agiliza procesos relacionados con propiedades. Además, el RENIEC ha facilitado el acceso a certificados digitales con el DNI electrónico, y la PCM busca que las firmas digitales peruanas sean reconocidas en otros países. Aun así, hay cosas por mejorar: ● Explicar mejor: Hace falta enseñar a la gente, con ejemplos claros, cómo usar firmas digitales, como firmar un contrato de alquiler o una factura electrónica. ● Hacerlas más accesibles: Bajar los costos de los certificados digitales y mejorar el internet en zonas rurales. ● Unir sistemas: Asegurarse de que todas las plataformas, públicas y privadas, funcionen sin problemas juntas. ● Enseñar más: Capacitar a funcionarios y ciudadanos para que sepan cómo usar estas herramientas, especialmente en regiones alejadas. Impacto de las Plataformas de Asesoría Legal Online y Automatización de Contratos En los últimos años, el sector jurídico en el Perú ha experimentado una transformación significativa con la incorporación de tecnologías digitales y modelos de negocio innovadores. Las plataformas de asesoría legal online y la automatización de contratos se han consolidado como herramientas clave para democratizar el acceso a servicios legales, especialmente para personas de bajos recursos que tradicionalmente enfrentan barreras económicas, geográficas y de tiempo para acceder a la justicia. Estas plataformas permiten consultas jurídicas remotas, generación automática de documentos legales y contratos a través de sistemas electrónicos que reducen costos y tiempos, fomentando mayor inclusión y eficiencia en la administración de justicia. Sin embargo, esta revolución digital en el campo jurídico también implica riesgos importantes, como la informalidad en el ejercicio profesional y la ausencia de regulación específica que garantice la calidad del servicio y la protección de los derechos de los usuarios. En muchos casos, las plataformas operan bajo un marco legal ambiguo, lo que puede impactar en la validez de los actos realizados y en la confianza del público hacia estos nuevos modelos de negocio. Blockchain y Contratos Inteligentes en el Ejercicio Profesional El despliegue de tecnologías como blockchain y contratos inteligentes ha abierto nuevas posibilidades en el sector jurídico peruano. Las características de inmutabilidad, trazabilidad y descentralización propias del blockchain permiten registrar actos jurídicos y contratos digitales de forma transparente y segura, reduciendo la intervención humana y el riesgo de manipulación o fraude. Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que operan bajo condiciones previamente establecidas, permiten automatizar la ejecución contractual de manera eficiente y confiable. En el Perú, estas tecnologías se están explorando para transacciones inmobiliarias, administración de seguros, financiamiento y otros ámbitos donde las operaciones requieren alta transparencia y rapidez. A pesar del potencial innovador, existe un vacío regulatorio significativo, ya que el Código Civil y las normativas vigentes no contemplan directamente la validez jurídica de estos contratos automatizados basados en blockchain, lo que genera incertidumbre legal. Ejemplo concreto: Una startup peruana ha desarrollado una plataforma de automatización de contratos para arrendamientos inmobiliarios que utiliza contratos inteligentes en blockchain. Cuando el inquilino realiza un pago, el contrato se ejecuta automáticamente y se registra la operación en la cadena de bloques, generando un comprobante inviolable. Sin embargo, en caso de fallo técnico, surge la pregunta de quién asume la responsabilidad civil por incumplimientos o errores derivados del sistema automatizado. Impacto en el Acceso a la Justicia para Personas de Bajos Recursos Estas plataformas permiten una reducción significativa en los costos de asesoría legal, lo que puede traducirse en mayor acceso a la justicia para poblaciones tradicionalmente excluidas. La automatización y digitalización eliminan barreras de distancia y horario y permiten a los usuarios recibir asesoramiento inicial y generar documentos legales a bajo costo o incluso gratis en algunos casos. No obstante, el acceso efectivo depende también del nivel de alfabetización digital, la confianza en la tecnología y la solidez de los marcos legales que protejan a los usuarios de posibles fallos o fraudes. Las plataformas deben diseñarse para cumplir con estándares mínimos de calidad profesional y seguridad. Riesgos de Informalidad y Falta de Regulación El uso de nuevas tecnologías jurídicas en ausencia de una adecuada regulación abre la puerta a prácticas informales, con profesionales no acreditados, ejecución de contratos no supervisados por el Estado y potenciales conflictos legales que podrían afectar a los usuarios. La falta de regulación también dificulta la atribución de responsabilidades legales frente a errores técnicos, problemas de privacidad o uso indebido de datos personales y contenidos legales. Responsabilidad Civil en Casos de Fallos Técnicos en Plataformas Legales Automatizadas Una línea crítica de investigación es la responsabilidad civil ante fallos técnicos en plataformas de servicios legales automatizados. La automatización con contratos inteligentes implica que la ejecución y cumplimiento de obligaciones dependen del correcto funcionamiento del software y la infraestructura blockchain. En caso de fallos técnicos, como errores en la codificación del contrato, vulnerabilidades en la red blockchain, fallas en la interoperabilidad de sistemas o ataques cibernéticos, la responsabilidad civil puede ser compleja de determinar. La cuestión central es si la responsabilidad recaerá en los desarrolladores del software, proveedores de la plataforma, profesionales legales que diseñan los contratos, o incluso en los usuarios por la aceptación de condiciones. Marco Legal y Regulación para Blockchain y Contratos Inteligentes en Perú En el contexto peruano, la regulación directa sobre blockchain y contratos inteligentes aún está en desarrollo. Actualmente, el Congreso del Perú evalúa proyectos de ley para establecer un marco legal para las criptomonedas y las tecnologías blockchain, pero todavía no existe una ley integral que regule específicamente los contratos inteligentes en el ámbito jurídico tradicional. ● El Proyecto de Ley N.º 1042-2021-CR busca establecer un marco para los criptoactivos y tecnologías asociadas, con énfasis en seguridad financiera, inclusión y prevención de delitos financieros mediante procesos de "Know Your Customer" (KYC) que utilizan bases de datos como RENIEC para verificar usuarios. ● La Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) presenta desafíos para la aplicación de blockchain, dado su carácter descentralizado que dificulta la modificación o supresión de datos, un derecho protegido en la ley peruana. ● Se están proponiendo iniciativas para integrar blockchain en servicios públicos, incluyendo registros notariales, voto electrónico y otros, buscando una mayor transparencia y eficiencia en la administración pública. ● Se recomienda la creación de un organismo regulador especializado que supervise y establezca directrices para el uso de estas tecnologías en Perú, con coordinación entre entidades como SBS, SMV, SUNAT y la UIF-Perú. Ejemplos y Aplicaciones Prácticas ● Plataformas legales digitales que automatizan contratos de arrendamiento utilizando contratos inteligentes en blockchain. Estos contratos se ejecutan automáticamente al cumplirse condiciones (ejemplo: pago de renta), con registro transparente en la cadena de bloques. ● Proyectos piloto del gobierno para usar blockchain en la gestión de registros públicos, reducción de burocracia y mejora de la confianza ciudadana. ● Incipientes fintechs y startups que emplean blockchain para transacciones financieras seguras y eficientes, optimizando la cadena de suministro y administrando activos digitales. ● Propuesta para incorporar el voto electrónico basado en blockchain para peruanos en el extranjero, por Ley N° 09689/2024-CR, lo que podría extenderse a otros servicios públicos. Análisis Jurídico: Responsabilidad Civil por Fallos Técnicos La automatización mediante contratos inteligentes implica que la ejecución contractual depende de la correcta operatividad del software y la infraestructura blockchain. En caso de fallos técnicos —como errores de codificación, fallas en los nodos, o ataques cibernéticos— puede generarse un incumplimiento o ejecución incorrecta. El escenario legal aún es incierto en cuanto a quién recae la responsabilidad civil en estos casos. Algunos puntos para analizar: ● La responsabilidad podría recaer en el desarrollador del software o proveedor de la plataforma si se demuestra negligencia o error en la programación. ● Los términos y condiciones de las plataformas deben estipular con claridad limitaciones y alcances de la responsabilidad. ● La capacitación y supervisión de abogados que participan en el diseño de los contratos inteligentes es crucial para evitar fallos jurídicos o técnicos. ● La jurisprudencia y normas aún no están adaptadas para aplicar los principios del derecho civil tradicional a fallos en contratos autoejecutables, generando un vacío legal que debe ser atendido. Ejemplo ilustrativo Imaginemos una plataforma que opera contratos inteligentes para seguros de salud. Si un fallo técnico impide la liberación automática de un pago tras un evento cubierto, el asegurado afectado podría reclamar daños. Sin embargo, determinar si la responsabilidad recae en el programador, la empresa de seguros o la plataforma tecnológica requerirá un análisis detallado del contrato, términos de servicio y legislación aplicable. Responsabilidad Civil en Contratos Inteligentes: Conceptos y Desafíos Jurídicos Los contratos inteligentes (smart contracts) son acuerdos codificados que se autoejecutan en una red blockchain. Aunque representan un avance para la automatización contractual, plantean importantes desafíos jurídicos en cuanto a la imputación de responsabilidad civil derivada de fallos técnicos o errores en la programación. ● La responsabilidad puede recaer en las partes contratantes, en los desarrolladores del software o en terceros que intervengan en el diseño y operación del contrato inteligente. ● En sistemas de derecho civil, la imputabilidad se analiza bajo los principios tradicionales de culpa, daño y nexo causal, pero la automatización y descentralización dificultan aplicar estos conceptos de manera directa. ● Se identifican problemas como la validez del consentimiento, capacidad de manifestar voluntad, y la dificultad para revisar o modificar el contrato tras ser ejecutado automáticamente (problema del "código como ley"). Conclusión Los nuevos modelos de negocio jurídico en el Perú, con el protagonismo de plataformas online y automatización mediante blockchain y contratos inteligentes, representan una oportunidad histórica para ampliar el acceso a la justicia y mejorar la eficiencia legal. Sin embargo, el desarrollo y adopción de estas tecnologías deben ir acompañados del diseño de un marco regulatorio robusto que asegure la responsabilidad civil, la protección del usuario, la transparencia y la formalidad. El análisis profundo de la responsabilidad civil en casos de fallos técnicos es clave para establecer confianza y legitimidad a estos innovadores modelos. Se recomienda impulsar iniciativas legislativas y de autorregulación que incorporen las particularidades de las tecnologías legales emergentes, así como programas de formación para abogados que integren competencias digitales en su ejercicio profesional en el Perú. 3. Responsabilidad civil frente a fallos técnicos en plataformas LegalTech En el marco de la transformación digital que atraviesa el sector jurídico, las plataformas LegalTech han surgido como herramientas innovadoras que facilitan la gestión y automatización de procesos legales. Sin embargo, el uso de estas tecnologías no está exento de riesgos, particularmente en relación con fallos técnicos que pueden afectar la generación correcta de documentos, la gestión de plazos procesales, y el envío preciso de notificaciones legales, cuestiones de vital importancia que pueden repercutir negativamente en los intereses de los usuarios y sus clientes. Responsabilidad civil en fallos técnicos LegalTech La responsabilidad civil implica la obligación de reparar un daño causado a otro, ya sea por un incumplimiento contractual o por una acción u omisión ilícita extracontractual. En el Perú, esta figura se encuentra regulada en el Código Civil, que distingue principalmente entre responsabilidad civil contractual y extracontractual. La primera se basa en el incumplimiento de un contrato por parte de un obligado, mientras que la segunda se refiere a daños causados sin que exista una relación contractual previa, pero que derivan de una acción dolosa o culposa. En el contexto LegalTech, ante errores como la generación incorrecta de documentos legales o fallas en la notificación de actos procesales, la responsabilidad civil puede recaer en distintos actores. Por un lado, los desarrolladores y programadores que diseñan y mantienen las plataformas tecnológicas, quienes pueden ser responsables cuando el daño resulta de fallos imputables a defectos en el software. Por otro lado, los usuarios de estas plataformas, habitualmente abogados o estudios jurídicos, que tienen el deber profesional de verificar y supervisar el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas y el cumplimiento de los plazos y notificaciones legales. Aquí surge una problemática jurídica y práctica relevante sobre la atribución de responsabilidades, dado que la interacción entre el sistema automatizado y el operador humano dificulta establecer con precisión dónde radica la culpa en caso de un fallo. Casos posibles y ejemplos de fallos técnicos Entre los posibles escenarios de fallos técnicos que pueden generar responsabilidad civil destacan: ● Errores en la generación de documentos: La automatización puede producir contratos, demandas u otros documentos legales con cláusulas incorrectas, omisiones relevantes o cálculos erróneos, afectando la validez o eficacia jurídica de dichos actos. ● Fallos en la administración de plazos: La programación deficiente en el sistema puede ocasionar retrasos en los cálculos de términos legales o vencimientos de fechas procesales, lo que podría implicar la pérdida de derechos procesales importantes para los clientes. ● Errores en notificaciones electrónicas: La falta de envío, retraso o error en la dirección electrónica de notificaciones judiciales puede vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso de los usuarios afectados. Estas situaciones pueden generar perjuicios económicos y procesales, con impactos directos en las partes involucradas y en la reputación profesional del abogado que hace uso de la tecnología, aun cuando ellos no sean causantes directos del error. Dificultades para determinar responsabilidades La asignación precisa de la responsabilidad en casos de errores en LegalTech presenta desafíos jurídicos significativos. En primer lugar, debido a que las plataformas digitales suelen operar mediante algoritmos y sistemas automatizados que requieren conocimiento técnico específico, la prueba de la culpa o negligencia del desarrollador o proveedor tecnológico puede resultar compleja y costosa de acreditar. Por otro lado, el usuario profesional también asume una responsabilidad en la supervisión y uso adecuado de estas tecnologías, lo que implica una carga de diligencia para evitar perjuicios a los clientes. Sin embargo, esta responsabilidad puede quedar diluida por la ambigüedad respecto a los límites entre el fallo atribuible a la herramienta y la actuación humana. En suma, el problema central radica en la ausencia de estándares claros sobre la imputabilidad entre desarrolladores, plataformas y usuarios, generándose un vacío de interpretación que puede convertirse en un obstáculo para la reparación efectiva y justa de los daños ocasionados, así como para la prevención de futuros errores. Vacíos normativos en la regulación peruana Actualmente, la regulación peruana no cuenta con un marco normativo específico que regule la responsabilidad derivada del uso y funcionamiento de plataformas LegalTech, dejando aspectos relevantes sin un tratamiento adecuado. La normativa vigente, aunque contempla disposiciones sobre protección de datos, firmas electrónicas y telecomunicaciones, no aborda integralmente los riesgos y particularidades de las tecnologías aplicadas al ámbito legal. Este vacío normativo implica que en caso de litigios o controversias sobre fallos técnicos en LegalTech, los operadores jurídicos y tribunales deben aplicar las normas generales sobre responsabilidad civil, lo que puede resultar insuficiente para enfrentar las complejidades técnicas y contractuales propias de estas plataformas. Además, la ausencia de regulación específica limita la certeza jurídica para los desarrolladores, usuarios y clientes, generando desconfianza y un freno potencial para la adopción segura de herramientas digitales en la profesión legal. Posibles vías para mejorar la regulación y asignación de responsabilidades Ante esta realidad, expertos y académicos han planteado la necesidad de implementar cambios normativos y regulatorios que contemplen las particularidades de la LegalTech. Entre las medidas sugeridas destacan: ● La creación de un régimen de responsabilidad objetiva para los desarrolladores de software LegalTech, que facilite la imputación de daños sin necesidad de acreditar culpa estricta. ● El establecimiento de estándares mínimos de diligencia y capacitación tecnológica para los abogados y firmas que utilicen plataformas LegalTech, reforzando su papel de supervisión. ● La obligación de informar y transparentar a los clientes sobre los riesgos inherentes al uso de tecnologías automatizadas, colaborando con una relación más clara y responsable. ● La regulación específica en materia de ciberseguridad para proteger la integridad y confidencialidad de los datos procesados por estas plataformas, considerando la sensibilidad de la información legal. Estas medidas contribuirían a un marco jurídico más seguro y adaptado a la realidad tecnológica actual, promoviendo la confianza en el uso de herramientas digitales y garantizando una más efectiva protección de los derechos de los usuarios y clientes de servicios legales. Conclusión La asignación de responsabilidades frente a fallos técnicos en LegalTech constituye un reto que requiere atención normativa urgente para asegurar la eficacia y confiabilidad de estas herramientas, promover la justicia digital y proteger los derechos de todos los actores involucrados en el ecosistema legal peruano. CASO ASIMILABLE EN LA SOCIEDAD PERUANA Caso: La Implementación del Expediente Digital y las Notificaciones por Plataforma en el Poder Judicial Peruano Modernización Judicial en el Perú: El Expediente Digital y los Nuevos Riesgos Legales A partir de la pandemia, el Poder Judicial peruano aceleró la implementación de su Sistema de Justicia Digital. La pieza angular de este sistema es el expediente digital y, crucialmente, la plataforma LPaaS (Liquid Platform as a Service), a través de la cual se realizan todos los actos procesales: presentación de escritos, firma digital de resoluciones por los jueces, y lo más importante, las notificaciones legales. ¿Qué es y cómo funciona? La plataforma LPaaS es el tablero de control oficial de todo proceso judicial. Los abogados se conectan con su firma digital (certificado por un Prestador de Servicios de Certificación autorizado) para presentar sus demandas y escritos. Los jueces firman digitalmente sus resoluciones. El sistema notifica automáticamente a las partes mediante un correo electrónico que les indica que tienen una notificación disponible en la plataforma. La descarga de ese documento desde LPaaS tiene plena validez legal de notificación. El Cambio de Paradigma: Este sistema reemplazó la notificación física en papel y el expediente físico, buscando agilizar los procesos, reducir costos de papel y transporte, y eliminar la corrupción asociada a la "pérdida" de expedientes. El Reconocimiento Legal Implícito: La validez de este proceso no se cuestiona. Está amparado por: ● La Ley de Firmas Digitales (Ley N° 27269) que da validez a las resoluciones firmadas digitalmente por los jueces. ● El Código Procesal Civil (y otros) que fueron modificados para reconocer la notificación electrónica como válida y vinculante. El artículo 151° del CPC establece los requisitos de la notificación por medios electrónicos. ● Resoluciones de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI)** del Poder Judicial que regulan el uso de LPaaS. Esto soluciona un problema histórico de lentitud y le da seguridad jurídica a los actos procesales digitales. El Núcleo del Conflicto: Los Fallos Técnicos y sus Consecuencias: La dependencia total de una plataforma técnica genera un riesgo operativo crítico. Los problemas reportados por usuarios (abogados y estudios jurídicos) son frecuentes y tienen consecuencias graves: ● Caídas de la Plataforma (Downtime): LPaaS sufre caídas intermitentes. Si un abogado necesita presentar un recurso de apelación el último día del plazo hábil y la plataforma no funciona, se venció el plazo. El cliente pierde su derecho a apelar por un fallo técnico. ● Notificaciones que No Llegan: Errores en el sistema de correos o en la plataforma pueden hacer que una parte nunca reciba el aviso de una notificación crucial (e.g., una sentencia en su contra). Cuando se entera, weeks después, todos los plazos para impugnar han vencido. ● Documentos Corruptos o Ilegibles: En ocasiones, el sistema "sube" un documento corrupto o lo presenta de forma ilegible. La parte afectada podría argumentar que no fue notificada válidamente. ¿Quién asume la Responsabilidad? Cuando ocurre uno de estos fallos, se presenta un vacío de responsabilidad civil: ● El Poder Judicial argumenta que es un problema técnico fuera de su control directo o que los abogados deben "prever" estos fallos e intentar con anticipación. ● El abogado afectado ve perjudicada su reputación profesional y puede ser demandado por su cliente por negligencia, a pesar de que el error no fue suyo. ● El ciudadano (el cliente) es el más perjudicado: puede perder un caso, un derecho o verse afectado patrimonialmente por un error en un sistema que está obligado a usar. No existe un protocolo claro para "parar los plazos procesales" cuando la plataforma falla ni un mecanismo expedito para que el Poder Judicial repare los daños causados por sus sistemas defectuosos. Los afectados se ven abocados a iniciar largos y costosos procesos de responsabilidad extracontractual contra el Estado, con un resultado incierto. Conclusión: El caso de LPaaS y el expediente digital del Poder Judicial es el ejemplo real por excelencia de la transformación LegalTech en el Perú. Ilustra de manera dramática la paradoja de la modernización: por un lado, se implementa con éxito un sistema digital con pleno reconocimiento legal, pero por el otro, se traslada el riesgo de los errores humanos a los errores de sistemas automatizados, sin haber creado antes un marco de protección y responsabilidad para los usuarios. Este caso demuestra que la verdadera modernización legal no termina con la implementación de una plataforma tecnológica; comienza con la creación de una cultura de gestión de riesgos digitales y un marco jurídico adaptado que proteja a todos los actores del sistema de justicia de los inevitables fallos técnicos. El mayor desafío no es tecnológico, sino de gobernanza y adaptación de la normativa de responsabilidad civil al siglo XXI. 2. Potencial de Uso en Operaciones Inmobiliarias y Empresariales 2.1. Automatización de procesos contractuales La automatización de procesos contractuales facilita la gestión de acuerdos, eliminando la necesidad de intervención manual en la creación, ejecución y seguimiento de los contratos. Los contratos inteligentes, por ejemplo, permiten que los términos se ejecuten automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que reduce el tiempo y el costo asociados con la gestión de contratos tradicionales. Esto también garantiza que ambas partes cumplan con sus compromisos de manera eficiente, evitando posibles disputas. Según (Padilla, 2020) indica que el desarrollo de tecnologías blockchain ha permitido la creación de nuevas formas de ejecución automática de obligaciones contractuales mediante los mal denominados 'contratos inteligentes' (smart contracts). Este tipo de automatización es particularmente útil en industrias donde los contratos son frecuentes y complejos, como en el sector inmobiliario y empresarial. Al eliminar pasos intermedios y posibles errores humanos, las empresas pueden reducir significativamente los tiempos de negociación y aumentar la confianza en la ejecución de los acuerdos. Esto, a su vez, mejora la productividad general de las operaciones comerciales. 2.3. Aplicaciones en el ámbito empresarial 2.3.1. Gestión de cadenas de suministro La automatización en la gestión de cadenas de suministro optimiza los procesos logísticos, garantizando que los productos lleguen a su destino de manera más rápida y eficiente. Con el uso de tecnologías como blockchain, las empresas pueden realizar un seguimiento preciso de los bienes a lo largo de la cadena de suministro, lo que mejora la trazabilidad y reduce el riesgo de fraude o errores en el proceso. Según (Zambrano et al., 2023) indica que la trazabilidad es considerada como la capacidad de brindar seguimiento a los bienes, lotes y afines referente a la cadena de suministro, aportando a las empresas mayor sostenibilidad en los procesos. Esto también facilita la coordinación entre diferentes partes involucradas en la cadena, como proveedores, transportistas y distribuidores, lo que mejora la comunicación y reduce el tiempo necesario para resolver problemas. Con una gestión automatizada, las empresas pueden prever mejor los problemas y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. 2.3.2. Contratos laborales y acuerdos comerciales La automatización de contratos laborales y acuerdos comerciales agiliza el proceso de negociación y ejecución de acuerdos entre empleadores y empleados o entre empresas. El uso de contratos inteligentes permite que los términos del acuerdo se ejecuten de manera inmediata una vez que se cumplen las condiciones previamente acordadas. Esto minimiza las disputas laborales y asegura el cumplimiento de las condiciones de trabajo sin intervención manual. Según (Ramón et al., 2024) indica que los cambios tecnológicos afectan el campo de las relaciones laborales, requiriendo la formación de los actores sociales para adaptarse a las nuevas dinámicas del trabajo Además, estos contratos digitales pueden ser almacenados de forma segura y fácilmente accesible, lo que facilita la resolución de cualquier discrepancia sin tener que recurrir a largos procesos legales. La transparencia que brindan los contratos inteligentes también ayuda a generar confianza tanto entre las empresas como entre los empleados, mejorando la productividad y la satisfacción laboral. 3. Problemática de Reconocimiento Legal y Aplicabilidad Práctica 3.1. Marco legal actual en Perú y América Latina El marco legal en Perú y América Latina presenta diversos desafíos en cuanto a la adopción y reconocimiento de tecnologías innovadoras. En el Perú, la legislación sobre tecnologías emergentes, como la blockchain o la inteligencia artificial, es aún incipiente y, en muchos casos, insuficiente para abordar los rápidos avances del sector. En América Latina, la mayoría de los países enfrenta retos similares. Aunque algunos, como México y Brasil, han comenzado a implementar regulaciones en torno a nuevas tecnologías, la falta de armonización regional genera un entorno jurídico fragmentado. Esta situación puede generar inseguridad jurídica y desconfianza en la adopción de estas tecnologías, afectando tanto a empresas como a usuarios. En este contexto, los gobiernos latinoamericanos deben ajustar sus marcos normativos a la velocidad de los avances tecnológicos para permitir un ambiente legal adecuado que fomente la innovación. Además, es necesario que se realicen esfuerzos para adaptar las legislaciones a las realidades locales sin perder la perspectiva global, lo que podría mejorar la competitividad de la región en un mercado internacional cada vez más tecnológico. En el Perú, especialmente, el desarrollo de normas sobre protección de datos personales, comercio electrónico y contratos digitales es crucial para brindar seguridad jurídica a las empresas y usuarios. 3.2. Desafíos en la implementación práctica 3.2.1. Falta de infraestructura tecnológica Uno de los mayores obstáculos en la implementación de nuevas tecnologías en Perú y América Latina es la falta de infraestructura tecnológica adecuada. Muchas regiones, especialmente las rurales, carecen de acceso a internet de alta calidad y a equipos modernos. Este problema impide que tanto instituciones como empresas puedan implementar de manera eficiente las tecnologías que se requieren para un desarrollo económico y social sostenible. Para superar esta brecha, es esencial que los gobiernos inviertan en infraestructura de telecomunicaciones y en la capacitación de las comunidades para poder aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 3.2.2. Resistencia al cambio en instituciones tradicionales La resistencia al cambio en las instituciones tradicionales es otro desafío significativo que limita la implementación práctica de nuevas tecnologías. Muchas entidades públicas y privadas en Perú y América Latina siguen operando bajo modelos y procedimientos anticuados, lo que dificulta la incorporación de soluciones tecnológicas innovadoras. Este fenómeno se debe, en parte, a la falta de formación adecuada en tecnología de los tomadores de decisiones y el personal clave, además de una cultura organizacional que teme a la incertidumbre y a los riesgos asociados con la adopción de nuevas tecnologías. Superar esta resistencia requiere un enfoque integral que involucre la sensibilización sobre los beneficios de la innovación tecnológica, así como la capacitación de los empleados en su uso. Además, se deben crear incentivos para que las instituciones inviertan en nuevas tecnologías, facilitando el proceso de cambio y asegurando que la transición sea lo más fluida posible. 4. Ejemplos de Proyectos en América Latina que Podrían Adaptarse al Perú 4.1. Reental (España, México, República Dominicana) Reental es una plataforma digital que facilita la inversión inmobiliaria mediante el uso de blockchain. Este sistema permite a los usuarios adquirir fracciones de propiedades, lo que democratiza el acceso a la inversión en bienes raíces. En países como México y República Dominicana, Reental ha tenido un impacto significativo, ofreciendo nuevas oportunidades de inversión a personas que antes no podían acceder al mercado inmobiliario. Adaptar un modelo similar en Perú podría ofrecer una solución eficiente a los problemas de acceso a la inversión inmobiliaria en regiones donde la clase media aún no ha podido consolidar propiedades. La implementación de un modelo como Reental en Perú podría contribuir al crecimiento del mercado inmobiliario, brindando a los peruanos una nueva forma de invertir en propiedades de forma más accesible. La digitalización de las inversiones podría ser una opción clave para un sector inmobiliario en constante expansión, permitiendo que más personas se beneficien de la valorización de bienes raíces, especialmente en ciudades como Lima o Arequipa. 4.2. Propmatch (México) Propmatch es una plataforma mexicana que utiliza inteligencia artificial para optimizar la compra y venta de propiedades inmobiliarias. Este sistema facilita la conexión entre compradores y vendedores, personalizando las recomendaciones según las preferencias y el historial del usuario. Adaptar este tipo de plataforma en Perú podría mejorar la eficiencia del mercado inmobiliario, que a menudo enfrenta desafíos relacionados con la falta de información transparente y la escasa innovación en los procesos de compraventa. La replicación de Propmatch en el contexto peruano podría generar una mejora significativa en la experiencia del usuario en el sector inmobiliario, al permitir un acceso más rápido y confiable a las propiedades. A través de la inteligencia artificial, los compradores podrían recibir recomendaciones personalizadas y encontrar propiedades que se ajusten mejor a sus necesidades y presupuesto. Bibliografía Padilla, J. (2020). Blockchain y contratos inteligentes: aproximación a sus problemáticas y retos jurídicos. Revista de Derecho Privado(39), 175-201. https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/4175/417564980007/html/?utm_source Ramón , H., Granovsky , P., Hue , M., & Peréz , M. (2024). Tecnología y reconfiguraciones en las Relaciones Laborales. Revista de Investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales(26), 117-138. https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/5819/581979489004/html/?utm_source Zambrano, J., Mendoza, M., & Farez, M. (2023). Funcionalidades de la Trazabilidad en el Desarrollo del Modelo de Comercio Electrónico B2C. Economía y Negocios, 14(1), 135-148. https://doi.org/https://www.redalyc.org/journal/6955/695574854009/html/?utm_source BIBLIOGRAFIA ● Congreso de la República del Perú. (2000, 28 de mayo). Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. El Peruano. https://www.elperuano.pe ● Congreso de la República del Perú. (2000, 31 de julio). Ley N° 27310, Modificatoria de la Ley N° 27269. El Peruano. https://www.elperuano.pe ● Congreso de la República del Perú. (1984). Código Civil del Perú. El Peruano. https://www.elperuano.pe ● Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (2025). Directiva N° 005-2025-MDE, Uso de Firmas Digitales en Entidades Locales. El Peruano. https://www.elperuano.pe ● Oficina de Normalización Previsional. (2025, abril). Resolución Jefatural N° 000058-2025-JF-ONP, Uso de Firmas Digitales en Documentos Electrónicos. El Peruano. https://www.elperuano.pe ● Presidencia del Consejo de Ministros. (2008, 13 de junio). Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley N° 27269. El Peruano. https://www.elperuano.pe ● Autoridad Administrativa Competente. (2025, mayo). Resolución Directoral N° 120, Aplicación de Firmas Digitales en Trámites Administrativos. El Peruano. https://www.elperuano.pe ● Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. (2025). DNI Electrónico y Certificados Digitales. https://www.reniec.gob.pe ● Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. (2025). Plataforma Nacional de Firma Digital (FIRMA PERÚ). https://www.gob.pe/pcm ● Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. (2025). Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP). https://www.sunarp.gob.pe ● Leysser León, J. (2014). Introducción al régimen general de los negocios jurídicos. Academia.edu. ● Torres Vásquez, A. (2022). Acto jurídico y negocio jurídico, bien explicado. LP Derecho. ● Análisis comparado del marco legal de la tecnología Blockchain en países hispanohablantes. (2024). Dialnet. ● Polo del Conocimiento. (s.f.). Responsabilidad legal por contratos inteligentes. [PDF]. ● PUCP. (2024). Smart contracts como solución eficiente a los contratos digitales. Revista Themis.